El gobierno de Honduras oficializó la disolución de la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y designó al general en condición de retiro Walter Lacayo como nuevo responsable del sistema penitenciario nacional.

La decisión se produce en medio de señalamientos y denuncias sobre presuntas redes de extorsión que operaban desde los centros penales, lo que generó cuestionamientos a la gestión anterior.

Tras su nombramiento, Lacayo asumió el cargo de inmediato y comenzó a sostener reuniones con el personal del INP, como parte de las primeras acciones para reorganizar y fortalecer el control en las cárceles del país.

El cambio forma parte de las medidas impulsadas por el gobierno en el marco de la reestructuración del sistema penitenciario, con el objetivo de mejorar la seguridad y frenar las actividades delictivas que se originan desde estos recintos.